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El fallo de la Corte: ¿Impunidad para los terceros respondientes?

http://www.semana.com/nacion/articulo/elecciones-magistrados-corte-constitucional/521029

Dado que el Ministerio de Educación sacó hace ya algunas décadas la asignatura “Historia” del pénsum y que a veces es complejo que, inclusive, estudiantes universitarios conozcan el contexto social, político y económico del surgimiento de la Constitución de 1991, es importante recordar ciertos hechos que se deben sumar a los elementos para el análisis y la definición de una postura política de la ciudadanía frente a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC-EP, que parece estar en todos los medios de comunicación (en particular en lo que se refiere a su desarrollo legislativo), con una versión al menos corregida de las causas de la guerra en Colombia. En efecto, no siempre es claro cómo puede la población colombiana tomar decisiones políticas si no conoce el pasado o no recuerda más allá del gobierno de los ocho años de Uribe Vélez.
En concreto, y teniendo como fuente solamente la reacción de algunos “tuiteros de oficio” ―que claramente no refleja la opinión de la gente del común, pero que es una medida interesante para poner el racero por lo bajo―, frente al fallo de la Corte Constitucional que declara exequible el acto legislativo 01 de 2017, el cual crea “(…) un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”, el Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación, en general, y, en particular, la Jurisdicción Especial de Paz, o sea, la JEP, queda una mezcla de sentimientos sobre el origen de la indignación colectiva o, al menos, de la indignación que planean liderar algunos sectores políticos y económicos del país, en especial sobre la participación política de las FARC y la presentación ante los tribunales de la JEP.
La manipulación de la opinión colectiva en relación con este tema ―que muy seguramente será usada en las próximas elecciones― me recuerda a aquellos sectores encabezados por un señor Adolfo Hitler, que aprovecharon la indignación sobre el estado de pobreza y depresión colectiva en que se encontraba el pueblo alemán a principios de los treinta del siglo XX, para inculpar a judíos, comunistas y extranjeros y montar el Tercer Reich. Pero, en ese momento, nadie en el poder ni en los medios masivos alemanes habló de la responsabilidad de la dirigencia al involucrar a ese país en la Primera Guerra Mundial, nadie los culpó de los malos manejos durante la misma, de los millones de muertos, del colapso económico, de la pérdida de la guerra ni de las consecuencias del tratado de paz, que en conjunto generarían la crisis social, política y económica en la que se encontraba el pueblo germano en ese momento de su historia.
El fallo de la Corte Constitucional suena a eso, pues muchos sectores se encuentran conformes porque por fin se va a garantizar (si la mediocridad del Congreso lo permite y aprueba la ley estatutaria) el funcionamiento de la JEP y la participación política de las FARC, que es el sustento de la firma del Acuerdo de la Habana. Por su parte, la indignación de algunos otros sectores se encuentra enfocada en rechazar esa participación electoral, sin que los antiguos guerrilleros hayan sido juzgados (por la inoperante y politizada rama judicial), lo cual viene siendo caballito de batalla del Centro Democrático y de Cambio Radical… Y es precisamente acá donde es necesaria la clase de historia contemporánea.
En efecto, el fallo de la Corte Constitucional es negativo para el futuro del país y para el fin del conflicto social y armado del cual no salimos a pesar de la firma del Acuerdo Final entre las FARC y el Gobierno Nacional, pues además de permitir la participación política de las FARC ―lo cual es apenas obvio y de sentido común como resultado de un acuerdo de paz (no hay que olvidar que no fue un proceso de sometimiento porque ninguna de las partes ganó la guerra)―, a la Corte Constitucional le dio temor ir más allá e incluir a los verdaderos responsables del conflicto social y armado, ya que declarar como voluntaria la presentación de los llamados “terceros responsables” ante la JEP representa la renuncia a la judicialización de los sectores políticos y económicos que sin estar armados han sido participes de la guerra en Colombia. O, como lo planteaba el Acto legislativo, “(…) hubieran tenido una participación activa o determinante en la comisión de los siguientes delitos”.
En realidad, no es necesario portar un fusil y un camuflado para ser un generador de violencia en Colombia o para hacer parte de los “terceros responsables” de los que habla la Corte. Nuestra historia republicana está llena de ejemplos: luego de la Independencia, liberales y conservadores no dejaron de generar guerras civiles a lo largo del siglo XIX y hasta la Guerra de los Mil Días iniciando el siglo XX. Fueron los mismos padres de la patria los que azuzaron “la violencia de los 50” y usaron a las fuerzas militares, de la mano de pájaros y chulavitas, para combatir a las militancias liberal y comunista, llenando de sangre los campos colombianos con los más horrendos métodos de tortura y miedo, mientras los jefes de uno y otro partido discutían de política y tomaban güisqui en los clubes bogotanos, sin llenarse de pólvora ni ensuciar con sangre sus carísimos trajes importados.
Fueron los mismos padres de la patria o, más bien, sus hijos, los que firmaron el Pacto de Benidorm en 1956, que crearon el Frente Nacional y cerraron como un solo cuerpo el sistema político durante dieciséis años desde 1958, generando las condiciones de hermetismo político para impedir el surgimiento de otras opciones políticas, fortaleciendo con esto la alternativa y el sustento de los grupos guerrilleros, surgidos en un 90% en esta época. Fueron estos mismos los que llamaron “repúblicas independientes” a las zonas de colonización campesina y bombardearon, entre otras a Riochiquito y Marquetalia, sembrando en el sentimiento campesino de los sobrevivientes las semillas de las FARC.
Y, sin ir más lejos, ¿quién va a juzgar a los “terceros responsables”, que ayer la Corte sacó de la JEP y que patrocinaron las masacres en los 90, que eliminaron un partido político completo, la Unión Patriótica, y que ganaron elecciones asesinando a sus oponentes, como en el caso de Segovia en Antioquia (ejemplo de una de las masacres mejor documentadas) o en El Castillo y en amplias zonas del Catatumbo, del Meta y de Urabá? ¿O creen que los gremios económicos, que hace unos días rechazaban la JEP, van a hablar de las amplias tierras arrasadas por la acción de los paramilitares, quienes estaban financiados y recibían órdenes de las clases económicamente dominantes para la implantación del modelo del latifundio ganadero, de la agroindustria de la palma (que hoy patrocinamos cada vez que tanqueamos y compramos obligatoriamente el etanol) y de los grandes proyectos mineros?
Recordemos las sanciones contra la Drummond por el carbón manchado de sangre o los famosos fusiles de los paramilitares transportados en los barcos de la Chiquita Brand (heredera de la United Fruit Company, responsable de la tristemente célebre Masacre de las Bananeras). Nos referimos a las nuevas clases económicas y a las decenas de parapolíticos, como el sempiterno gobernante de Cúcuta (que a pesar de estar en la cárcel sigue gobernando), y a los parlamentarios que le compraron su libertad a la Corte Suprema a través del famoso “cartel de la toga”.
Sí, magistrados de la Corte Constitucional, ¿quién va a juzgar a los grandes empresarios, base del orgullo nacional, que incitaron el asesinato y la persecución de los líderes sindicales en las principales empresas del país? ¿Quién responde por los asesinatos de líderes sociales y sindicales de la USO, de Sinaltrainal, por los asesinatos ―poco juzgados― patrocinados por Postobón, Termotasajero y tantos otros más?
Esos son los “terceros responsables”, los “hombres y mujeres de bien” que están detrás de la guerra en Colombia y que, gracias al fallo de la Corte Constitucional, no serán juzgados por la JEP, un tribunal creado para darle fin. Quedamos, no obstante, como diría la historiadora Carolina Moreno, con “la esperanza [de] que la reconstrucción de la verdad histórica y la presión social obligarán a terceros y civiles a ir a la JEP”.

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Victor Manuel Gaviria Díaz

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y Especialista en Gobierno y Gestión Pública territorial con experiencia en el sector público y en el trabajo con organizaciones sociales. Sus temas de interés e investigación son los de construcción del Estado, seguridad ciudadana y movilidad urbana.